El golpe de estado de 1976 instaló rápidamente la práctica de desaparición de personas como método para controlar a la población y terminar con los grupos

políticos de izquierda. Los operativos se realizaron a partir del primer día de la Junta Militar en el poder y se considera que durante los años de gobierno de facto se llevó adelante un genocidio, dado que la inmensa mayoría de los desaparecidos pertenecía a una ideología determinada.

Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado comenzaron a reclamar la aparición con vida de sus hermanos, padres e hijos desde 1977. Entre los diversos grupos que se formaron en esos años, se destaca el de Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que comenzaron a marchar todos los jueves por la tarde alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo reclamando por información sobre sus seres queridos y poniendo en evidencia lo que la sociedad no veía o no quería ver. Empezaron a utilizar el pañuelo en la cabeza para identificarse entre sí y es el día de hoy que continúan marchando, semanalmente, exigiendo justicia por los crímenes cometidos por el Estado. Las primeras madres también sufrieron desapariciones entre su conformación original: Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga fueron secuestradas en la Parroquia Santa Cruz en diciembre de 1977 por un grupo de tareas de la Armada. Fueron llevadas a la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar. El 20 de diciembre del mismo año aparecieron sus cuerpos en las costas de Santa Teresita, que fueron enterrados como n. n. en el cementerio de General Lavalle. En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos, tres de los cuales correspondían a Azucena, Esther y Mari.

Por otro lado, el 15 de mayo de 1977 María Eugenia Casinelli y otras once abuelas firmaron un hábeas corpus colectivo en forma de carta, dirigido a la justicia de Morón, en el que hacían saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones. El posterior trabajo de esta organización reveló que se secuestró a más de 500 niños, ya sea nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres. Tras una incansable labor de investigación y el reclamo permanente ante la justicia y los organismos internacionales, las abuelas lograron devolver su identidad a más de 100 nietos, pero siguen buscando a más de 400 niños. Se considera que estas personas, cuya identidad ha sido sustraída por sus apropiadores, siguen siendo víctimas del terrorismo de Estado, aunque la democracia se haya instalado en el país en 1983.